Un estudio revela que los juzgados de familia infravaloran la violencia machista

Los tribunales españoles de familia están subestimando el impacto de la violencia machista tanto en mujeres como en menores, siendo excepcionales las sentencias que establecen medidas preventivas para evitar la prolongación del maltrato hacia los menores.

Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Asociación de Juristas Themis por encargo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha analizado hasta 1.178 resoluciones judiciales en procedimientos donde existía al menos una denuncia por violencia machista.

El estudio, que examinó sentencias dictadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023, abarca casos que afectaban a 1.843 menores de edad. Los investigadores centraron su análisis en el tratamiento judicial de cuestiones como la patria potestad, custodia, régimen de visitas y pensiones alimenticias en contextos de violencia machista.

Aún con maltrato, regímenes de visitas

La conclusión más alarmante del informe es que la perspectiva de género e infancia "está ausente" en las resoluciones judiciales de derecho de familia, pese a constituir una obligación legal. De hecho, aunque todos los casos analizados incluían denuncias por violencia machista, esta realidad solo se menciona en el 29,82% de los pronunciamientos judiciales.

Los datos revelan que, a pesar de existir denuncias por maltrato, se aprueban regímenes de visitas, custodias compartidas e incluso custodias exclusivas para el progenitor investigado por violencia. La suspensión del régimen de visitas con el presunto maltratador solo se dictó en el 18% de las sentencias estudiadas, contraviniendo lo establecido en la legislación vigente.

En cuanto a la patria potestad, el estudio muestra que se mantuvo al padre en el 88,62% de las sentencias, privándole de ella únicamente en un 2,52% de los casos y restringiéndola temporalmente en otro 9,17%. Además, pese a las denuncias por violencia machista, se otorgó la custodia exclusiva al padre en un 9,6% de los casos y la custodia compartida —prohibida por ley en estos supuestos— en un 10,11%. La madre obtuvo la custodia exclusiva en el 71% de los procedimientos.

Carencia de perspectiva

El informe también destaca que en cuatro de cada diez casos se solicitó dictamen psicosocial de los menores, pero en casi la mitad de ellos se recomendó mantener el régimen de visitas con el progenitor denunciado. Solo en un 23% de los casos estos equipos recomendaron suspender las visitas, lo que según las juristas evidencia que "estos equipos carecen de perspectiva de género e ignoran los mandatos legales".

Otro dato preocupante es que todavía se sigue recurriendo al falso síndrome de alienación parental (mencionado en el 3,48% de los casos) y se continúa remitiendo a las partes a mediación familiar (3,4%), a pesar de que ambas prácticas están prohibidas por ley en casos de violencia de género.

El estudio también analizó el aspecto económico, revelando que el 44% de las pensiones de alimentos oscila entre los 100 y 200 euros; el 24%, entre 200 y 300 euros; el 9% no llega a 100 euros; y solo el 6% supera los 500 euros. Las pensiones compensatorias apenas figuran en un 7% de los casos.

Respecto a la situación económica de las madres, el 40% tiene ingresos mensuales entre 450 y 1.000 euros, un 35% gana entre 1.000 y 2.000 euros, un 12% percibe menos de 450 euros mensuales y el mismo porcentaje supera los 2.000 euros. El informe señala que solo en una de cada tres sentencias se abordó el uso del domicilio familiar.

La postura de la Fiscalía

Las juristas han subrayado que las sentencias analizadas muestran una escasa sensibilidad ante las consecuencias de la violencia machista y denotan falta de formación en los órganos judiciales. También evidencian la posición de la fiscalía, que no resulta proactiva en la protección de los menores, solicitando con frecuencia amplios regímenes de visitas con el progenitor denunciado o condenado por violencia de género.

Tras estos hallazgos, la Asociación de Juristas Themis ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la elaboración de un protocolo específico para garantizar que toda la magistratura juzgue con perspectiva de género e infancia, libre de estereotipos y prejuicios que puedan perpetuar situaciones de vulnerabilidad para las víctimas.